El proyecto de Ley Universitaria para Andalucía (LUPA) da un paso decisivo para convertir en derecho la bonificación de las matrículas universitarias en el sistema público andaluz. La iniciativa, ya en trámite parlamentario, consolida un modelo que compensa el 99% del coste de los créditos aprobados en primera matrícula, con el objetivo de reducir barreras económicas y favorecer la continuidad de los estudios, incluyendo los créditos para realizar un máster.
Con este movimiento, la Junta pone negro sobre blanco una medida que venía aplicándose y que ahora queda blindada en norma. La LUPA, además, acompaña esta bonificación con una asignación específica y con nuevos derechos académicos y de participación para el estudiantado, reforzando un enfoque de igualdad de oportunidades y de mejora del rendimiento.
Bonificación del 99%: qué cambia con la LUPA
Los artículos 32 y 35 del proyecto reconocen expresamente la bonificación de los precios públicos de matrícula. Esto implica que el alumnado del sistema universitario público andaluz verá compensado el 99% del importe de los créditos que supere en su primera matriculación, un esquema que ya operaba de facto y que ahora se consolida para darle continuidad y seguridad jurídica.
La Administración autonómica justifica esta decisión en criterios de equidad y mérito académico: se incentiva aprobar a la primera y, al mismo tiempo, se evita que la falta de recursos frene la permanencia en la universidad. La norma vincula la bonificación al resultado académico del curso, de forma que la ayuda se aplica a los créditos aprobados.
Para su puesta en marcha, el texto prevé una dotación de 43,66 millones de euros en el ejercicio de referencia, con la finalidad de cubrir el coste de la medida en todo el sistema público andaluz. Según el proyecto, las universidades gestionarán la aplicación de la bonificación en sus procedimientos habituales de matrícula y liquidación, garantizando una implantación homogénea.
Quiénes se benefician y cómo se aplicará
La bonificación alcanza al estudiantado de las universidades públicas andaluzas, siempre respecto de los créditos superados en primera matrícula. En la práctica, el estudiantado ve compensada casi la totalidad del precio público asociado a esa carga docente, lo que contribuye a reducir el abandono por motivos económicos y a sostener trayectorias académicas más estables.
El reconocimiento legal aporta estabilidad a un instrumento que, según subraya el proyecto, fomenta el rendimiento académico y la igualdad de oportunidades. Al quedar recogido en la ley, el mecanismo gana previsibilidad para estudiantes y familias, y permite a las universidades planificar con mayor claridad sus políticas de precios y de apoyo al alumnado.
Nuevos derechos académicos vinculados
Más allá de la bonificación, la LUPA incorpora un conjunto de derechos del estudiantado de calado. Entre ellos, el derecho a la desconexión digital en el ámbito académico y la posibilidad de solicitar la suspensión temporal de los estudios, con arreglo a la normativa propia de cada universidad andaluza.
La ley también refuerza la conciliación entre vida académica y práctica deportiva, con medidas específicas para quienes tengan la condición de deportistas de alto nivel o de alto rendimiento. Estas previsiones persiguen ajustar calendarios y actividades para que el progreso en los estudios no se vea penalizado.
Movilidad, residencias y ayudas complementarias
El texto promueve programas de movilidad del estudiantado para enriquecer su formación y su experiencia cultural en entornos autonómicos, nacionales e internacionales, con prioridad para Erasmus+. La internacionalización se considera un vector clave de la formación integral.
En materia de alojamiento, la LUPA impulsa el acceso a residencias universitarias mediante actuaciones coordinadas entre instituciones académicas. Además, establece que los programas de becas y ayudas contemplen el factor vivienda, un ámbito que no aparece recogido de esta forma en la LOSU estatal.
Garantías de docencia y participación estudiantil
Para asegurar la continuidad de las clases, el proyecto prevé la cobertura inmediata de la docencia ante vacantes mientras se tramitan las contrataciones, una previsión situada en el artículo 38.6. El objetivo es evitar huecos en la programación y proteger la calidad del servicio educativo.
En gobernanza, los artículos 80.5, 81.6 y 89.1 amplían la participación del estudiantado e introducen la elección por sufragio universal ponderado para cargos como rector, decanos y direcciones de escuelas y departamentos. El rector tendrá un mandato único de seis años, y los órganos de centro y departamento se elegirán también por voto directo conforme a los estatutos.
Se refuerza, además, el papel del Consejo Asesor de Estudiantes Universitarios de Andalucía, que deberá analizar con carácter previo medidas de política universitaria que afecten al alumnado, fomentar la participación en procesos de garantía de calidad y canalizar propuestas y designaciones de representantes en los distintos órganos.
El paquete normativo sitúa a la comunidad universitaria en el centro de la toma de decisiones y ancla la bonificación de matrículas como política estructural, complementada por apoyos en movilidad, vivienda y continuidad docente para un ecosistema universitario más equitativo y eficiente.
