Las inmobilirias presionan al gobierno para que inyecte mayor liquidez.

Pedro Pérez

El gobierno español se encuentra ante una difícil situación. La desaceleración no vislumbra  horizonte aún y la disyuntiva que tiene frente es compleja. ¿Apostará por tenderle una mano al agonizante sector de la construcción, a pesar de que esta ayuda no garantice su solvencia a largo plazo, con el fin de que no siga destruyendo más empleos o soportará el paro en aumento y las presiones de los diversos grupos perjudicados derivados de su caída?

Solbes se ha manifestado firme en las últimas declaraciones. No pretende seguir manteniendo una burbuja, pero es conciente de que el reajuste va ser lento y doloroso. Se espera que durante el año el sector genere 250.000 desempleados, por otro lado, el crecimiento económico ya sufrió la brutal caída de 8 décimas en el último trimestre.

Las inteligentes declaraciones del secretario general del G-14 (el grupo que reúne a las más importantes inmobiliarias del país), Pedro Pérez, son un claro ejemplo de cómo presionar a un gobierno de manera sutil, pero donde más le duele. Reclama 40.000 millones de euros, pero dice que no son para salvar al sector que tiene en sus inventarios 500.000 viviendas sin poder vender, sino para satisfacer las necesidades de las personas que demanda viviendas. Además agrega el desempleo creado y la desaceleración en el crecimiento del producto. Pero suena raro un empresario que se preocupe tanto por los consumidores ¿no es verdad?

VIA – El país

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Rodrigo Gorga

Tengo 20 años y vivo en Montevideo Uruguay, donde nací. Estudio Economía en la Universidad del República y estoy cursando tercer año de esa... Ver perfil ›

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